La Junta reclama al Gobierno “coordinación” con las comunidades autónomas para garantizar el reparto de alimentos básicos a familias vulnerables

El director General de Protección Social lamenta la “incertidumbre” creada por la “falta de información y de interlocución” del Ministerio

La  Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de España “coordinación” e “interlocución” con las comunidades autónomas para garantizar el reparto de alimentos básicos entre las familias más vulnerables con la puesta en marcha del nuevo Programa de Asistencia Material Básica, también conocido como Programa Básico de Alimentos, que sustituirá al modelo actual basado en el Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD).

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, tras mantener una reunión telemática con la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En esta reunión, Huertas ha trasladado la “preocupación” del Gobierno de Andalucía “por la falta de coordinación” del Estado y las comunidades autónomas en la puesta en marcha del Programa de Asistencia Material Básica, en el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Este programa, ha explicado Huertas, supone un “cambio de paradigma” en la prestación de ayuda alimentaria básica a la población y sustituirá, a partir de 2024, al sistema gestionado a través de entidades de distribución, como son la Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española. De esta forma, el programa básico implantará un sistema de provisión de ayuda alimentaria a través de vales o tarjetas monedero para las familias con menores a cargo y un nivel de renta por debajo de un umbral determinado.

Desde la Junta de Andalucía se ha instado al Gobierno de España a que, en el marco de la Comisión Delegada de Servicios Sociales, “impulse de nuevo la interlocución entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como autoridad de gestión del programa, y las comunidades autónomas, tal y como se ha venido haciendo durante las fases iniciales de diseño del programa”.

Esta petición obedece a la “incertidumbre” ante la que se encuentran las comunidades autónomas por la falta de información en torno a la redacción final de las prescripciones técnicas y el calendario que maneja el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la licitación del acuerdo marco, de ámbito estatal, para la prestación del servicio de provisión de alimentos y asistencia material básica a través de vales o tarjetas.

“Las comunidades autónomas estamos aún a la espera de que el Gobierno de España tramite un acuerdo marco para la selección de proveedores que suministren los alimentos y den asistencia técnica al nuevo sistema por vales o tarjeta monedero”, ha explicado el director general de la Junta, quien ha precisado que hasta que no se cierre este acuerdo estatal “las comunidades no podemos licitar los contratos en nuestros territorios en base al acuerdo marco”.

En este sentido, Huertas ha advertido de que el “tiempo apremia” para poder llevar a cabo todos los trámites administrativos y garantizar el reparto en 2024, una vez que en otoño se realizará la última distribución a través del modelo actual del FEAD. “Hay que seguir contando con la experiencia de muchas entidades, como son los bancos de alimentos, y cuyo futuro está en el aire con la nueva fórmula de reparto”, ha señalado.

Asimismo, el director general ha trasladado la necesidad de contar con “fórmulas alternativas” para cubrir el periodo transitorio hasta la definitiva puesta en marcha del nuevo programa, dado que existe el riesgo de que no esté completamente implementado tras la conclusión del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD) a finales de 2023.

Por último, Huertas ha insistido en la necesidad de abordar, en el marco de la Comisión Delegada de Servicios Sociales, aspectos fundamentales del Programa de Asistencia Material Básica, tales como el papel de las entidades del tercer sector en el nuevo modelo o aspectos técnicos comunes que habrán de acordarse entre todas las comunidades autónomas.

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